Grecia Derechos Humanos - Historia

Grecia Derechos Humanos - Historia

Durante el año continuó el flujo de migrantes y solicitantes de asilo al país desde Oriente Medio, África y Asia, aunque en cifras mucho menores que en los dos años anteriores. La Declaración UE-Turquía de marzo de 2016, combinada con el cierre de las fronteras del norte, convirtió al país en un país de acogida para las poblaciones de migrantes y refugiados. Al 31 de octubre, las cifras del ACNUR indicaban que 46.462 migrantes y solicitantes de asilo residían en todo el país.

Devolución: El gobierno brindó cierta protección contra la expulsión o el regreso de refugiados a países donde sus vidas o su libertad estarían amenazadas debido a su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política.

El 24 de mayo, un grupo de ocho ciudadanos turcos llegó a través de la frontera terrestre con Turquía (cruce del río Evros) y expresó su deseo de solicitar asilo. Entre ellos figuraban tres menores y el periodista Murat Capan, que había sido condenado en rebeldía por un tribunal turco a 22,5 años de prisión por supuestamente intentar derrocar al gobierno de ese país. Según la ONG Hellenic League for Human Rights, posteriormente fueron colocados en una camioneta que, según los informes, los trasladó a un grupo de cinco hombres armados con máscaras, que los condujeron silenciosamente de regreso a Turquía al otro lado del río. Las autoridades turcas detuvieron a Capan y lo enviaron a una prisión en Turquía.

El 23 de junio, los medios informaron que la Red de ONG para el Apoyo Social de Refugiados y Migrantes denunció a agentes de policía y encapuchados en Didymoticho, en el norte de Grecia, por devolver por la fuerza a 10 ciudadanos sirios a Turquía, a pesar de que habían expresado el deseo de solicitar asilo en Grecia. Un miembro del grupo informó que la policía los había arrestado a todos y los había llevado a un centro de detención con otras 200 personas, incluidas familias con niños. El mismo testigo alegó que unas horas después, se ordenó a los 10 sirios que subieran a una camioneta que los llevó a un río, donde hombres armados uniformados los obligaron a subirse a botes que finalmente los devolvieron a Turquía.

La Liga Helénica de Derechos Humanos, ACNUR, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, solicitaron una investigación exhaustiva de los incidentes de devolución denunciados. El 30 de julio, el ministro de Política Migratoria negó que las autoridades gubernamentales estuvieran practicando retornos ilegales.

Acceso al asilo: La ley prevé la concesión del asilo o la condición de refugiado, y el gobierno ha establecido un sistema para brindar protección a los refugiados a través de un servicio de asilo autónomo bajo la autoridad del Ministerio de Política Migratoria. La ley requiere que los solicitantes tengan acceso a intérpretes certificados y les permite apelar decisiones negativas y permanecer en el país mientras se examinan sus apelaciones.

Las autoridades trabajaron con ONG, organizaciones internacionales y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo para informar a los inmigrantes indocumentados en espera de registrarse en el sistema de asilo, así como a los detenidos extranjeros que no pertenecen a la UE, sobre sus derechos y procedimientos de asilo y los programas de retorno voluntario asistido por la OIM. El ACNUR también ayudó al gobierno con sesiones informativas y la distribución de folletos y paquetes de información multilingües sobre el asilo y los procedimientos de asilo.

El 26 de enero, la Corte Suprema falló en contra de la extradición de ocho oficiales de la Fuerza Aérea Turca que presentaron solicitudes de asilo en el país. Fueron acusados ​​de planear un golpe de Estado contra el gobierno turco. Según informes de prensa, el tribunal determinó que era poco probable que los ocho agentes fueran sometidos a un juicio justo si regresaban a Turquía y determinó que podían ser sometidos a tortura. Posteriormente, Turquía presentó una segunda solicitud de extradición a Grecia, que también fue denegada en mayo sobre la misma base que la primera decisión. Al 30 de noviembre, los casos de asilo aún estaban siendo examinados por un comité de apelaciones.

Los activistas de derechos humanos y las ONG que trabajan con solicitantes de asilo informaron de largas esperas para las decisiones de las apelaciones de asilo debido a los retrasos en el proceso de apelaciones. Durante la mayor parte del año, los jueces de apelaciones esperaban una decisión del Consejo de Estado sobre si Turquía se consideraba un tercer país seguro para los solicitantes rechazados, en particular los sirios, a los que regresar. El 22 de septiembre, los medios de comunicación y los activistas de derechos humanos informaron que el pleno del Consejo de Estado rechazó la apelación de dos solicitantes de asilo sirios que afirmaban que Turquía no era un país de retorno seguro. El consejo señaló que Turquía había ratificado la Convención de Ginebra y acordó un plan de acción conjunto con la Unión Europea para apoyar a los ciudadanos sirios que necesitan protección internacional. El consejo señaló además que los dos sirios que presentaron la apelación tenían familiares en Turquía. El consejo rechazó las afirmaciones de los solicitantes de que sus vidas y su libertad estarían en peligro en Turquía y que Grecia violaría el Convenio Europeo de Derechos Humanos al devolverlos a Turquía. Varios expertos expresaron la opinión de que esta decisión afectaría a muchos otros casos similares.

Los solicitantes de asilo de países distintos de Siria se quejaron de que sus solicitudes de asilo se retrasaron mientras se priorizaba a los sirios. Muchos solicitantes de asilo también se quejaron de la dificultad para programar una cita y luego para conectarse con el sistema del Servicio de Asilo a través de Skype. Las organizaciones internacionales, las ONG y los activistas de derechos humanos reiteraron las preocupaciones del año anterior sobre los problemas relacionados con el sistema de asilo, incluida la falta de personal e instalaciones adecuados; dificultades para registrar reclamaciones; preguntas sobre la naturaleza acelerada y la exhaustividad del examen de las reclamaciones y apelaciones iniciales; servicios insuficientes de bienestar, integración, asesoramiento, legales e interpretación; discriminación; y detención en condiciones a menudo inadecuadas y de hacinamiento dentro de los Centros de Recepción e Identificación (RIC).

País de origen / tránsito seguro: El país se adhiere al Reglamento Dublín III, según el cual las autoridades pueden devolver a los solicitantes de asilo al estado miembro de la UE de primera entrada para la adjudicación de solicitudes de asilo.

En marzo de 2016, la UE y Turquía emitieron una declaración conjunta sobre migración. Según el acuerdo, cada inmigrante indocumentado que cruzara de Turquía a las islas griegas estaría confinado a un RIC por hasta 25 días, tiempo durante el cual la persona tendría la oportunidad de solicitar asilo en Grecia. Las personas que opten por no solicitar asilo o cuyas solicitudes se consideren infundadas o inadmisibles serán devueltas a Turquía según los términos del acuerdo.

Con la ayuda de ONG, algunos solicitantes cuyas solicitudes fueron rechazadas cuestionaron la validez legal de estas decisiones ante el Consejo de Estado, argumentando que Turquía no era un tercer país seguro al que regresar. Un fallo del 22 de septiembre rechazó sus argumentos y afirmaciones.

Libertad de movimiento: Los migrantes indocumentados que llegaron a las islas griegas después de marzo de 2016 fueron sometidos a procedimientos especiales de recepción y registro en la frontera, en instalaciones cerradas durante un máximo de 25 días. Después de este período de 25 días, a los inmigrantes indocumentados que permanecían en esas instalaciones generalmente se les permitía entrar y salir. A los migrantes indocumentados se les prohibió viajar al continente a menos que presentaran solicitudes de asilo consideradas admisibles por las autoridades de asilo. Una vez que las solicitudes de asilo fueron presentadas, declaradas admisibles y en proceso, los migrantes podrían trasladarse a un centro de alojamiento en el continente. No hubo restricciones de movimiento dentro o fuera de los centros de alojamiento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y ONG, incluida Human Rights Watch (HRW), Médicos sin Fronteras y el Consejo Griego para los Refugiados, expresaron su preocupación y objetaron la detención de migrantes y solicitantes de asilo entrantes en virtud de la declaración UE-Turquía. El 24 de octubre, 19 organizaciones locales e internacionales de derechos humanos enviaron una carta conjunta al primer ministro Tsipras pidiendo el fin de la "política de contención" de mantener a los solicitantes de asilo en las islas y el deterioro de las condiciones en los cinco RIC que operan en el norte. Islas del mar Egeo.

Los menores no acompañados también fueron puestos bajo “custodia protectora” debido a la falta de espacio en albergues especializados. En un comunicado de prensa del 31 de julio, el Defensor del Pueblo informó que desde principios de junio hasta el 31 de julio, 77 menores no acompañados fueron puestos bajo custodia protectora en Salónica, y solo 13 de ellos fueron finalmente procesados ​​en instalaciones adecuadas designadas para sus necesidades. Las investigaciones del Defensor del Pueblo, realizadas en los centros de detención y recepción del 17 al 19 de julio, mostraron que un número considerable de menores no acompañados permanecieron en las comisarías de policía bajo custodia protectora durante semanas, ante la falta de albergues adecuados para todos.

Empleo: Los refugiados reconocidos y los titulares de documentos de solicitantes de asilo tenían derecho a trabajar, aunque este derecho no se publicitó ampliamente ni se hizo cumplir de manera constante.

Acceso a servicios básicos: Legalmente, se otorgaron servicios como albergue, atención médica, educación y procedimientos judiciales a los solicitantes de asilo en posesión de un permiso de residencia válido; sin embargo, la falta de personal y el hacinamiento de los sitios para migrantes limitaron el acceso de algunos solicitantes de asilo a estos servicios. La asistencia legal era limitada y generalmente se ofrecía a través de abogados voluntarios y colegios de abogados, ONG y organizaciones internacionales.

Hubo una mejora en las condiciones de vivienda en las instalaciones de recepción en el continente. Los RIC en las islas enfrentaron problemas, principalmente debido a la falta de espacio, lo que resultó en congestión y en el uso de tiendas de campaña para complementar las casas prefabricadas más grandes, con aire acondicionado y más resistentes. Las condiciones de vida eran más difíciles durante el invierno y el verano. En enero se registraron tres muertes de solicitantes de asilo en el RIC en Moria, Lesbos, presuntamente relacionadas con una calefacción inadecuada. Según un informe de HRW del 18 de enero, el alojamiento para personas con discapacidades en la mayoría de los sitios era inadecuado. Las conexiones a los sistemas de alcantarillado y la energía eléctrica eran a veces inexistentes o problemáticas.

Los solicitantes de asilo fueron alojados en campamentos e instalaciones de recepción que operaban bajo la gestión o supervisión estatal, o administrados por ACNUR, OIM u ONG. Los solicitantes de asilo vulnerables y los candidatos a la reubicación también tenían derecho a ser alojados en apartamentos a través de un plan de vivienda implementado por el ACNUR, en cooperación con algunos municipios y ONG locales. El 31 de octubre, el ACNUR informó que más de 36.000 solicitantes de asilo habían sido alojados en apartamentos, hoteles y otras instalaciones en todo el país desde el lanzamiento del Plan de Alojamiento y Servicios del ACNUR en 2016. Los refugiados reconocidos generalmente no eran elegibles para este programa; sin embargo, a partir del 1 de agosto, el ministro de política migratoria anunció un programa para permitir que 1.014 refugiados recientemente reconocidos que participan en el programa de vivienda del ACNUR soliciten prórrogas de seis meses en el programa. Por ley, los refugiados son elegibles para viviendas públicas, pero todos los programas de vivienda fueron suspendidos debido a las medidas de austeridad del gobierno.

El Ministerio de Política Migratoria con su Servicio de Recepción e Identificación, asistido por el Ministerio de Defensa y / o algunos municipios, gestionó una serie de instalaciones, donde los recién llegados eran detenidos sin permiso para salir del centro hasta por 25 días. El personal administrativo y de gestión de instalaciones que trabajaba en estos centros consistía generalmente en algunos empleados estatales permanentes, a menudo separados de sus servicios regulares, personal contratado por ocho meses bajo un esquema de empleo administrado por el gobierno, así como personal contratado por ONG y organizaciones internacionales. Los medios de comunicación informaron de casos, especialmente en las islas, en los que el personal asignado era inadecuado o no estaba debidamente capacitado.

Todos los residentes en el país tienen derecho a recibir atención médica de emergencia independientemente de su situación legal. Voluntarios médicos, médicos contratados por ONG y el Centro Helénico para el Control y la Prevención de Enfermedades, así como médicos del ejército, brindaron atención médica básica en los campamentos, y las emergencias o casos más complejos se remitieron a los hospitales locales. Varias ONG señalaron una atención psicológica inadecuada para los solicitantes de asilo y los refugiados, especialmente en las islas. Algunas personas que padecían enfermedades crónicas continuaron enfrentando problemas relacionados con la obtención de la medicación adecuada. Hubo informes de atención médica inadecuada para mujeres embarazadas. Los hospitales a menudo estaban sobrecargados y sin personal, lo que creaba lagunas en la prestación de servicios para los solicitantes de asilo y los residentes locales.

Tras su llegada, los migrantes y refugiados fueron registrados por la policía y el Servicio de Recepción e Identificación. Las autoridades registraron los datos personales del solicitante de asilo, tomaron huellas dactilares y verificaron su identidad. Las organizaciones internacionales y las ONG proporcionaron información básica sobre el proceso de asilo, el retorno voluntario asistido y la protección internacional, y realizaron exámenes médicos para identificar a las personas vulnerables. Médicos sin Fronteras criticó a las autoridades por no identificar a los solicitantes de asilo con vulnerabilidades no visibles, como las víctimas de tortura. Médicos sin Fronteras y otras ONG también criticaron las lagunas en la evaluación de la vulnerabilidad, que, según alegaron, exacerbaron los problemas de salud y de salud mental y privaron a algunas personas elegibles para el traslado al continente de la oportunidad de abandonar las congestionadas condiciones de vida en los RIC. La segregación de grupos vulnerables no siempre fue factible en algunos sitios. Observadores creíbles informaron de varios incidentes violentos que involucraron a solicitantes de asilo, incluidas peleas a puñetazos, apuñalamientos y violencia de género (consulte la sección 2.d., Abuso de migrantes, refugiados y apátridas).

Soluciones duraderas: El gobierno participó en el plan de reubicación de la UE de 2015 y, al 27 de septiembre, la Comisión Europea informó sobre la reubicación de 20.323 solicitantes de asilo de Grecia a otros estados miembros de la UE. Los solicitantes de asilo eran elegibles para la reubicación bajo este esquema solo si llegaron antes de la implementación de la Declaración UE-Turquía el 20 de marzo de 2016, y si tenían la nacionalidad de un país que recibiría el reconocimiento de protección internacional en el 75 por ciento de los estados miembros. La OIM ofreció retornos voluntarios a solicitantes de asilo rechazados o para aquellos que renunciaron a sus solicitudes de asilo. El gobierno informó aproximadamente 5.000 retornos voluntarios para el 22 de noviembre. El gobierno cooperó con organizaciones internacionales y ONG para facilitar la inscripción de todos los niños migrantes del continente en las escuelas.

Protección temporal: Al 30 de junio, el gobierno brindó protección temporal a aproximadamente 305 personas que pueden no calificar como refugiados.


Grecia - Índice de libertades civiles

Fuente: Freedom House. 1 - el mayor grado de libertad.

¿Qué es el índice de libertades civiles de Grecia?

Fecha Valor Cambio, %
2018 2.00 0.00%
2017 2.00 0.00%
2016 2.00 0.00%
2015 2.00 0.00%
2014 2.00 0.00%
2013 2.00 0.00%
2012 2.00 0.00%
2011 2.00 0.00%
2010 2.00 0.00%
2009 2.00 0.00%
2008 2.00 0.00%
2007 2.00

Ver también

& copiar 2011-2021 Knoema. Reservados todos los derechos.

Nuestra declaración de privacidad y política de cookies de amp

Está bien continuar Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia en línea. Se colocaron en su computadora cuando lanzó este sitio web. Puede cambiar su configuración personal de cookies a través de la configuración de su navegador de Internet.


Grecia

Dos hombres migrantes y cuatro niños dentro de una tienda de campaña en un campamento improvisado junto al campamento de Moria para refugiados y migrantes en la isla de Lesbos, Grecia, 18 de septiembre de 2018.

© 2018 Giorgos Moutafis / Reuters

Fundamental

Kenneth Roth

Ensayos

Limitar la influencia de Beijing sobre la rendición de cuentas y la justicia

Convencer a las "potencias medias" de luchar contra los autócratas a pesar de los altos costos

Es hora de revitalizar el movimiento "Nunca más"

Lucha contra el mito de la "ideología de género"

Juicio y responsabilidad humanos en la era de la tecnología

Ayudar a las personas mayores a mantenerse conectadas y en casa

Cambiar los términos de compromiso con Silicon Valley

Aunque Grecia siguió albergando a un gran número de solicitantes de asilo, no protegió sus derechos. El número total de llegadas aumentó en comparación con el mismo período en 2017. Las deficiencias en el sistema de recepción y asilo se intensificaron con un hacinamiento severo, condiciones insalubres y antihigiénicas y falta de atención especializada suficiente, incluida la atención médica, el asesoramiento sobre traumas y el apoyo psicosocial. La violencia física y de género era común en los campos de asilo, y las ONG informaron del deterioro de las condiciones de salud mental entre los solicitantes de asilo. La mayoría de los niños no acompañados siguieron siendo colocados en campamentos con adultos, bajo la denominada custodia o detención policial protectora o en riesgo de quedar sin hogar, y las autoridades no resolvieron la escasez de refugios para menores o hogares de acogida.

La política de Grecia respaldada por la UE de confinar a los solicitantes de asilo que llegaron por mar a las islas del Egeo dejó a miles atrapados en estas condiciones.

Si bien el gobierno transfirió a 18.000 solicitantes de asilo de islas a Grecia continental luego de una campaña concertada de ONG en noviembre, se negó a implementar un fallo vinculante de un tribunal superior para poner fin a la política de confinamiento para los recién llegados y, en cambio, adoptó una nueva ley en mayo para continuarla. En Lesbos, una inspección de la autoridad regional en septiembre concluyó que el campamento de Moria, el más grande de su tipo, presentaba un peligro para la salud pública y el medio ambiente, y pidió al gobierno que solucionara las graves deficiencias o cerrara el campamento.

Algunos migrantes y solicitantes de asilo que intentaban cruzar la frontera terrestre de Turquía a la región nororiental de Evros informaron que fueron devueltos sumariamente a Turquía durante el año, a veces de forma violenta. Grecia no abordó las necesidades de recepción de los solicitantes de asilo recién llegados a la región, a pesar del aumento de llegadas a partir de abril. Como resultado, las mujeres y las niñas fueron alojadas con hombres sin parentesco en lugares para la recepción o detención de solicitantes de asilo y carecían de acceso a los servicios esenciales.

Menos del 15 por ciento de los niños solicitantes de asilo tenían acceso a la educación en las islas, y solo uno de cada dos en el continente estaba matriculado en escuelas públicas.

Los grupos de extrema derecha continuaron haciendo campaña contra los solicitantes de asilo en las islas, y hubo informes de los medios de comunicación sobre ataques en todo el país contra personas percibidas como migrantes o musulmanes. Las estadísticas policiales sobre delitos de odio para 2017 publicadas en marzo mostraron un marcado aumento en comparación con el año anterior.

El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa visitó Grecia en abril y publicó un informe preliminar en el que expresaba su preocupación por el trato inhumano y degradante en los establecimientos psiquiátricos y los centros de detención de migrantes.


Derechos humanos en Grecia

George Andreopoulos, profesor de estudios políticos en la City University of New York (CUNY) y director fundador del Center for International Human Rights con sede en John Jay College, dará una charla en UC Santa Barbara el viernes 23 de octubre.

La conferencia de Andreopoulos, "Derechos humanos en Grecia: desafíos y perspectivas", comenzará a las 13.00 horas. en la Sala de Conferencias McCune, Edificio 6020 de Humanidades y Ciencias Sociales.

Gratis y abierta al público, la charla es presentada por el Orfalea Center for Global & amp International Studies del campus. Es un programa del Centro de investigación interdisciplinaria del centro sobre gobernanza global y derechos humanos.

"Estamos muy contentos de poder dar la bienvenida al profesor Andreopoulos, un destacado académico en derechos humanos, al Centro Orfalea para discutir los derechos humanos con nosotros", dijo Michael Stohl, profesor de comunicación y director del centro. "Tiene un conocimiento profundo de la situación de los derechos humanos en Grecia y la experiencia de investigación académica para poner esa situación en un contexto histórico y político".

Andreopoulos, experto en las áreas de derechos humanos internacionales y gobernanza global, estudió historia, derecho y relaciones internacionales en la Universidad de Chicago y en la Universidad de Cambridge. Antes de unirse a la facultad de CUNY, enseñó en la Universidad de Yale, donde fue director asociado fundador del Centro Orville Schell para los Derechos Humanos Internacionales.

Su proyecto de investigación actual, respaldado por una subvención de la Fundación Stavros Niarchos, se titula "Vigilancia más allá de las fronteras: el papel de la aplicación de la ley en la gobernanza global".

A lo largo de su carrera, Andreopoulos ha participado en varias misiones de derechos humanos, la más reciente en Sierra Leona, para estudiar y preparar recomendaciones sobre los mecanismos de rendición de cuentas en ese país. Se ha desempeñado como presidente de la sección de derechos humanos de la Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas, así como presidente del comité de premios de libros de la sección.

Andreopoulos es autor de numerosos libros y artículos, incluido el volumen editado de próxima aparición "Policing Across Borders: Law Enforcement Networks and the Challenges of Crime Control" (Springer), que surgió de un proyecto de investigación de cuatro años llevado a cabo en colaboración con la Hellenic Center for Security Studies, una organización establecida en Grecia por el Ministerio de Orden Público y Protección Ciudadana como un grupo de expertos en temas de seguridad.

También se publicará un número especial de la revista Criminal Justice Ethics, de la cual Andreopoulos es coeditor invitado y colaborador. El tema del problema son las empresas militares y de seguridad privadas y la búsqueda de la rendición de cuentas.


Grecia

En junio, el juez encargado de investigar el ataque contra la sindicalista Konstantina Kuneva concluyó la investigación, sin haber identificado a los autores. Sus abogados expresaron preocupación por la calidad y exhaustividad de la investigación previa al juicio. En noviembre, el Consejo de Faltas de Atenas ordenó la continuación de la investigación del caso.

Condiciones carcelarias

Se recibieron informes sobre condiciones de detención inhumanas y degradantes en las cárceles, incluido el hacinamiento, las instalaciones inadecuadas y la falta de acceso a una atención médica adecuada. Las reclusas informaron que seguían siendo sometidas a la práctica de exámenes internos. En diciembre, se aprobaron enmiendas legislativas para abordar el hacinamiento en las cárceles y la mejora de las condiciones carcelarias.

Objetores de conciencia al servicio militar

La ley actual sobre objeción de conciencia todavía no se ajusta a las normas europeas e internacionales. Los objetores de conciencia siguieron sufriendo discriminación e incluso enjuiciamiento.

El 31 de marzo, el objetor de conciencia Lazaros Petromelidis recibió una sentencia condicional de 18 meses de prisión por dos cargos de insubordinación por parte del Tribunal Militar de Apelación de Atenas. En 2008, el Tribunal de Primera Instancia lo condenó a tres años de prisión por los mismos cargos.

Libertad de expresión

Un informe de febrero del Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa expresó su preocupación por las prácticas excesivamente restrictivas de los tribunales griegos al no registrar ciertas asociaciones minoritarias y al ordenar la disolución de la Unión Turca de Xanthi. El Experto Independiente de la ONU sobre Cuestiones de Minorías expresó preocupaciones similares. A pesar de esto, y de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2008, el Tribunal Supremo de Grecia confirmó la negativa del Tribunal de Apelación de registrar la asociación & quotHouse of Macedonian Civilization & quot en junio.

Derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero

En marzo, varias personas resultaron heridas en un ataque homofóbico en un bar de Atenas. Se informó que la policía y las ambulancias no respondieron al incidente, a pesar de muchas llamadas.

Tráfico de seres humanos

En medio de la preocupación de que el gobierno no había tomado medidas suficientes para identificar a las víctimas de la trata, aún no se aprobaron los proyectos de directrices propuestos por una coalición de ONG, incluida Amnistía Internacional. La falta de financiación estatal provocó el cierre de algunos refugios para víctimas de la trata.


Grecia: una historia de migración

Los países de todo el mundo tienen comunidades que son testigos de las oleadas de emigración que alguna vez caracterizaron a Grecia. Sin embargo, durante los últimos 15 años, Grecia se ha convertido en un receptor de inmigrantes y un destino permanente de inmigrantes. La mayoría de estos nuevos inmigrantes proceden de Europa Central y Oriental y, a pesar de dos programas de regularización, un buen número de ellos todavía reside en Grecia sin autorización. Las personas de Asia (en particular de Irak, Pakistán e India) han aumentado rápidamente su participación en el número total de inmigrantes que llegan ilegalmente.

Como en el pasado, un complejo conjunto de fuerzas están impulsando y atrayendo la migración hacia y desde Grecia. Hoy, el gobierno está listo para implementar un plan de acción de integración destinado a aprovechar estas fuerzas en beneficio del país. Sin embargo, ese proceso aún no ha comenzado, y se espera que una considerable ansiedad pública y fricciones políticas precedan a la cosecha de los beneficios económicos, culturales y políticos esperados.

Historia griega: olas de emigración

Dos importantes oleadas de emigración masiva tuvieron lugar después de la formación del estado griego moderno a principios de la década de 1830, una desde finales del siglo XIX hasta principios del XX y otra después de la Segunda Guerra Mundial.

La primera ola de emigración fue impulsada por la crisis económica de 1893 que siguió a la rápida caída del precio de las grosellas, el principal producto de exportación del país, en los mercados internacionales. En el período 1890-1914, casi una sexta parte de la población de Grecia emigró, principalmente a Estados Unidos y Egipto. Esta emigración fue, en cierto sentido, alentada por las autoridades griegas, que consideraron que las remesas ayudaban a mejorar la balanza de pagos de la economía griega. El efecto duradero en la conciencia nacional de Grecia fue la expansión de la noción de "helenismo" y "diáspora helénica" al "Nuevo Mundo".

Después de la Segunda Guerra Mundial, los países del sur de Europa, entre ellos Grecia, fueron los principales contribuyentes a la migración a las naciones industrializadas del norte de Europa. Sin embargo, las crisis del petróleo de 1973 y 1980 provocaron incertidumbre económica y una fuerte caída de la demanda de mano de obra, lo que a su vez llevó a los estados del norte a introducir políticas de inmigración restrictivas. A medida que estos países se volvieron menos acogedores con sus antiguos invitados, pronto siguió la migración de retorno a Grecia.

Más de un millón de griegos emigraron en esta segunda ola, que cayó principalmente entre 1950 y 1974. La mayoría emigró a Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá y Australia. Razones económicas y políticas a menudo motivaron su mudanza, ambas relacionadas con las consecuencias de la guerra civil de 1946-1949 y el período de gobierno de la junta militar de 1967-1974 que siguió. Las estadísticas oficiales muestran que en el período 1955-1973 Alemania absorbió 603,300 migrantes griegos, Australia 170,700, Estados Unidos 124,000 y Canadá 80,200. La mayoría de estos emigrantes procedían de zonas rurales y abastecían los mercados laborales tanto nacionales como internacionales.

Tras la crisis del petróleo de 1973 y la adopción de políticas de inmigración restrictivas por parte de los países europeos, estos flujos de inmigración se redujeron drásticamente y aumentó la migración de retorno. Otros factores que contribuyeron a estos cambios fueron las dificultades de integración en los países receptores, la restauración de la democracia en Grecia en 1974 y las nuevas perspectivas económicas desarrolladas tras la entrada del país en 1981 en la Comunidad Económica Europea (CEE). Entre 1974 y 1985, casi la mitad de los emigrantes de la posguerra habían regresado a Grecia.

Lugares de comercio: la inmigración reemplaza a la emigración

La disminución de la emigración y la migración de retorno crearon un saldo migratorio positivo en la década de 1970. La inmigración creció a principios de la década de 1980 cuando un pequeño número de asiáticos, africanos y polacos llegaron y encontraron trabajo en la construcción, la agricultura y los servicios domésticos. Sin embargo, la inmigración todavía era de tamaño limitado. En 1986, los inmigrantes legales y no autorizados sumaron aproximadamente 90,000. Un tercio de ellos eran de países de la Unión Europea. El censo de 1991 registró 167.000 "extranjeros" en una población total de 10.259.900.

El colapso de los regímenes de Europa central y oriental en 1989 transformó la inmigración a Grecia en un fenómeno masivo e incontrolable. Como resultado, aunque Grecia todavía era en ese momento uno de los estados menos desarrollados de la UE, en la década de 1990 recibió el mayor porcentaje de inmigrantes en relación con su fuerza laboral.

Muchos factores explican la transformación de Grecia en un país receptor. Estos incluyen la ubicación geográfica, que posiciona a Grecia como la "puerta" oriental de la UE, con extensas costas y fronteras fácilmente cruzadas. Aunque la situación en las fronteras del norte del país ha mejorado mucho desde la formación de una guardia especial de control de fronteras en 1998, el acceso geográfico sigue siendo un factor central en los patrones de migración a Grecia.

También han sido clave los rápidos cambios económicos que acortaron la distancia económica y social con los países del norte de Europa tras la integración de Grecia en la UE en 1981. En consonancia con el desarrollo económico, la mejora de los niveles de vida y los niveles más altos de educación alcanzados por los jóvenes han llevado a la mayoría de los griegos a rechazar trabajos de bajo estatus y bajos ingresos. Mientras tanto, tanto el gran tamaño de la economía informal basada en la familia, como la naturaleza estacional de industrias como el turismo, la agricultura y la construcción, han creado una demanda de una mano de obra flexible, independiente de las prácticas y la legislación sindicales.

Las primeras cifras nacionales de Grecia se calcularon tras un programa de regularización en 1997, sobre la base de la información recopilada de 371.641 solicitantes del permiso de residencia "tarjeta blanca" de Grecia. Los analistas creen que los solicitantes representaban aproximadamente la mitad de los inmigrantes que vivían en el país en ese momento.

Los datos indican que, de los inscritos en el programa, más del 70 por ciento eran hombres no calificados con educación superior a la primaria. Se concentraron en la región de Atenas y más de dos tercios tenían la nacionalidad albanesa. Estos migrantes se emplearon principalmente en la agricultura, la construcción, el turismo y los servicios domésticos, sectores que operan con facilidad en la economía informal o se extienden allí.

Aún no se dispone de datos de un segundo programa de regularización, iniciado en 2001.

Los únicos otros datos satisfactorios sobre la población inmigrante fueron recopilados por el Servicio Nacional de Estadística durante el censo de 2001, en el que los inmigrantes se registraron como una "población extranjera en Grecia". A pesar de sus deficiencias, estos datos del censo sobre inmigrantes proporcionan la imagen más completa y actualizada de la población.

Vale la pena señalar que los "inmigrantes" de origen étnico griego, ya sean emigrantes que regresan o sus descendientes, también fueron registrados por el censo de 2001, pero los datos aún no se han publicado. Un informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) de 2003 indicó que más de 150.000 inmigrantes de origen griego habían llegado al país desde la ex Unión Soviética desde 1977, un tercio de ellos se había naturalizado.

Los migrantes de Grecia en contexto

Según el último censo, la población de Grecia aumentó de 10,259,900 en 1991 a 10,964,020 en 2001. Este aumento puede atribuirse casi exclusivamente a la inmigración en la última década. The census showed that the "foreign population" living in Greece in 2001 was 762,191 (47,000 of them EU citizens), making up approximately seven percent of the total population of the total population. Of these migrants, 2,927 were registered as refugees.

It is estimated that the real number of immigrants is higher many analysts believe that migrants make up as much as 10 percent of the population. They cite, among other factors, the fact that the 2001 Census was carried out before the implementation of Act 2910/2001, otherwise referred to as Greece's second regularization program. This legislation dealt with "the admission and residence of foreigners in Greece and the acqusition of Greek nationality through naturalization." Because of their illegal status, a good number of immigrants escaped census registration, while still others entered the country specifically to take advantage of regularization.

Immigration is the cause of population increase and demographic renewal in Greece in the period between the 1991 and 2001 censuses. The average number of children per woman in Greece has fallen to 1.3, against a European average of 1.5, and well below the average of 2.1 required for the reproduction of a population. Of the immigrant population, on the other hand, 16.7 percent are in the 0-14 age bracket, 79.8 percent in the 15-64 age bracket, and only 3.5 percent in the over-65 age bracket. The respective percentages for the national population are 15.2 percent, 67.7 percent, and 17 percent, demonstrating the key role immigrants of child-bearing age play in the population as a whole. Albanians, who are mainly married couples raising families, are the youngest population overall. In contrast, immigrants from the United States, Canada, and Australia have the highest percentages of people in the over-65 age bracket, because they are mainly pensioner returnees of Greek origin.

Males and females make up 54.5 percent and 45.5 percent of the total, respectively. However, gender composition varies widely among the various nationalities. Albanians and Romanians show the most balanced picture, because the percentages of males fluctuate just above the average with 59 percent and 57 percent, respectively. Other nationalities show sharp asymmetries, where either males or females far outnumber the other gender. For example, females make up almost two thirds of the immigrants from the former Soviet Union and Bulgaria, as well as approximately four-fifths of the Filipinos. On the other end, immigrants from Pakistan and India are almost exclusively male.

Fifty-four percent of the immigrants enter the country for work. Family reunification (13 percent) and repatriation (7 percent) are other main reasons they give for their arrival. Albanians show the highest level of participation in family reunification and immigrants from United States, Canada, and Australia in repatriation—a confirmation of the Greek origin of these immigrants. An unspecified "other reason" concerns 21.5 percent of the total, while "asylum" and "refugee" status seekers account for 1.6 percent.

National Origins of Recent Migrants

In the 1990 to 2001 period of mass immigration to Greece, immigrants arrived in two waves. The first was that of the early 1990s, in which Albanians dominated. The second arrived after 1995, and involved much greater participation of immigrants from other Balkan states, the former Soviet Union, Pakistan, and India. The majority of Albanians arrived in the first wave however, the collapse of enormous "pyramid schemes" in Albania's banking sector in 1996 also spurred significant migration.

According to the 2001 Census, the largest group of immigrants draws its origins from the Balkan countries of Albania, Bulgaria, and Romania. People from these countries make up almost two-thirds of the total "foreign population." Migrants from the former Soviet Union (Georgia, Russia, Ukraine, Moldava, etc.) comprise 10 percent of the total the EU countries approximately six percent. A heterogeneous group of people from places such as the United States, Canada, and Australia (mostly first or second-generation Greek emigrants returning home), also account for around six percent. Finally, a residual group from a wide variety of countries makes up 13 percent. None of the individual countries included in this last group exceeds two percent of the total "foreign population."

Of the main countries of origin, Albania accounts for 57.5 percent of the total, with second-place Bulgaria far outdistanced with 4.6 percent. Common borders with both of these countries have facilitated crossing over to Greece, leading to a cyclical form of immigration.

Education and Workforce Participation

Nearly one-half of the migrants have secondary education (including technical-skill schools) and one-third have either completed or acquired primary school education. Almost one-tenth have higher education. A qualitative analysis of the educational levels of the various nationalities shows that, comparatively speaking, Albanians have the lowest level of education and former Soviet citizens the highest. In terms of higher education, females have the largest share of the total, while males appear to predominate in all other educational categories.

Immigrants are almost exclusively (90 percent) engaged in wage work and, to a much lesser extent, are self-employed (6.5 percent). Most of the jobs are non-skilled, manual work well below the immigrants' level of education and qualifications.

According to the 2001 census data, the majority of immigrants (54 percent) enter Greece for work. Bulgarians and Romanians are the nationalities that most often cite employment as the most important reason for immigrating to Greece. Immigrants are mainly employed in construction (24.5 percent), "other services," meaning mostly domestic work (20.5 percent), agriculture (17.5 percent), and "commerce, hotels, and restaurants" (15.7 percent).

Because of the size of their presence in the total immigrant population, Albanians dominate in all sectors. Within the Albanian nationality, however, construction absorbs the highest percentage (32 percent), followed by agriculture (21 percent), and then "other services" (15 percent). In contrast, Bulgarians are mostly occupied in agriculture (33 percent) and "other services" (29 percent).

In the construction sector, immigrants currently provide a quarter of the wage labor, and in agriculture, a fifth of the total labor expended (almost 90 percent of the non-family wage labor). Immigrants play an important structural role in both sectors.

"Other services" —a sector identified with domestic services where female migrant labor predominates—mostly employs immigrants from the former Soviet Union (37 percent) and Bulgaria. At the same time, employment in domestic services allows larger numbers of Greek women to join the labor market.

Immigration Policy Developments

The Greek government has been unprepared to receive the large numbers of immigrants of the last decade, and has hesitated to introduce the necessary legal and institutional changes for the regularization and integration of this population.

The government, however, was forced to adopt a regularization procedure under often contradictory pressures. From one side, in an environment of growing xenophobia, the public demanded the registration of immigrants. From another, human rights and labor organizations sought more humanitarian and less exploitative treatment.

The first regularization program to handle recent illegal migration was introduced as late as 1997 with Presidential Decrees 358/1997 and 359/1997. These aimed at the implementation of Act 1975/1991 on the "entry-exit, residence, employment, expulsion of foreigners and procedure for the recognition of the status of refugee for foreigners."

The twin decrees gave unregistered immigrants the opportunity to acquire a "white card" temporary residence permit. This, in turn, gave them time to submit the complementary documents necessary to acquire a "green card" work and residence permit. To qualify for the "white card" they had to have lived in Greece for at least one year, and submit documents testifying to their good health, a clean court and police record, and proof of having paid national social insurance contributions for a total of 40 working days in 1998. A total of 150 days of social insurance contributions were required for the acquisition of the green card. No registration fees were charged at this stage.

By the end of the first regularization, 371,641 immigrants had been registered for the white card, but only 212,860 received a green card. It is estimated that less than half of the migrants living in the country were registered during this first regularization program.

In 2001, the goverment passed Act 2910/2001 on "the admission and residence of foreigners in Greece and the acquisition of Greek nationality through naturalization." This gave immigrants a second opportunity to legalize their status, provided they could show proof of residence for at least a year before the implementation of the law. Immigrants were given a six-month period to submit all the necessary documents to acquire the work permit, which became the precondition for obtaining a residence permit.

The two regularization methods differed, but the documents required for both were similar. The most important differences were that in 2001 the immigrant had to submit a copy of an official contract with his or her employer for a specific period of time, as well as confirmation that national social insurance contributions had been paid for at least 200 working days (which could also be paid for by the immigrants themselves). In addition, a payment of 147 euros per person over the age of 14 was required. All applicants to the 1997 regularization program whose permits had expired by 2001 were subject to the provisions of the new law.

The 2001 act also set preconditions for future legal migration into the country, giving the Organization of Employment and Labor (OAED) the responsibility to prepare an annual report that would specify labor requirements at the occupational and regional levels in order to define quotas for temporary work permits. These job vacancies would be advertised in the sending countries by Greek embassies, which would also be responsible for receiving the applications for those jobs. To date, however,the government has not begun this procedure.

When the official application deadline for this second regularization program expired in August 2001, it was reported that 351,110 migrants had submitted their documents for the acquisition of a work permit — a precondition for the provision of a residence permit. However, bureaucracy and the lack of the necessary infrastructure created tremendous problems and delays in the processing of the applications. This forced the government to give temporary residence to all applicants until the end of June 2003, recently extended to the end of October 2003. By then, the government expected to have all the applications processed. Once more, however, promises were not fullfilled and thousands of migrants remain "hostages" of a sluggish legal and institutional structure.

The enthusiasm shown by immigrants upon the announcement of the latest act has now vanished. This is as a result of, on the one hand, the weakness of public administration in supporting the implementation of the act and, on the other, the act's "philosophy" of continuous checks and controls that make it difficult to implement. These weaknesses have been identified and raised by many organizations and institutions directly or indirectly involved with the issue. The Greek ombudsman, in a report to the minister of interior, warned as early as 2001 of the implementation problems and asked for amendments that would make it work for the benefit of both immigrants and the Greek public administration.

However, amendments to the act introduced by the government in 2002 did not address the problems connected with the one-year duration of the work and residence permits, the yearly fee for the residence permit for the applicants, and the insurmountable bureaucratic problems. Only recently, the government decided to extend the residence permit to two years starting from January 2004 (Act 3202/2003).

In the meantime, in order to overcome bureaucratic obstacles, many immigrants have had to either hire lawyers to handle their regularization procedure, or lose time and money standing in lines.

To date, the integration of migrants into Greek society appears to have resulted largely from laborious individual/family strategies of the migrants themselves, rather than from the provisions of an institutional framework. This may change as government efforts to systematize integration take hold.

Greece's integration policy was designed and announced by the government in 2002 in its "Action Plan for the Social Integration of Immigrants for the Period 2002-2005." The plan includes measures for the labor market integration and training of immigrants, improved access to the health system, emergency centers for immigrant support, and measures for the improvement of cultural exchanges among the various ethnic communities. However, the implementation of the plan has yet to begin.

Two of the reasons for the non-implementation of the plan appear to include pressure on the state budget to complete the nation's preparations for the Olympic Games, as well as the long, politically sensitive period before the national elections of March 7, 2004.

At this stage, despite the acknowledged importance of migration in Greek economy and society, migration in general and integration in specific do not seem to be high on the government agenda. The expressed anxieties of human rights and migrant organizations about integration and migration policy seem to have done little to shift the debate. Integration may come to the foreground again, however, in connection with social unrest that could follow the foreseen negative prospects of the economy in the post-Olympics period.

Immigrants have contributed significantly to the improved performance of the Greek economy over the past few years, and they have boosted Greece's successful participation in the EU's economic and monetary union. Their structural role in the workforce of the construction and agricultural sectors has been widely acknowledged. Despite a high level of unemployment, which is estimated at nine percent for the country as a whole, there appears to be no serious competition by native Greeks for the kinds of jobs secured by immigrants. On the contrary, immigrants have played a rather complementary economic role.

However, the current high growth rate of the Greek economy—five percent in the EU in 2003—is expected to slow down after the completion of the facilities for the Olympic Games, which have driven huge amounts of activity in construction and other sectors. In addition, the funds allocated to Greece under the European Union's new support framework are expected to shrink following the EU's enlargement in 2004. These economic pressures, along with the uncertainties evident in the legal and institutional framework for the regularization and integration of immigrants, if not dealt with, are expected to lead to social friction and extensive racism and xenophobia in the next few years.

Cavounidis, J. and Hadjaki, L. (2000), Migrant Applicants for the Card of Temporary Residence: Nationality, Gender, and Placement. Athens: National Institute of Labour (in Greek).

Fakiolas, R. (2003), 'Regularising Undocumented Immigrants in Greece: Procedures and Effects', Journal of Ethnic and Migration Studies, 29 (3): 535-561.

Fakiolas R. and King R. (1996), 'Emigration,Return, Immigration: A Review and Evaluation of Greece's Experience of International Migration', International Journal of Population Geography, Vol. 2, 171-190.

Kasimis C., Papadopoulos A. G., Zacopoulou E. (2003), 'Migrants in Rural Greece', Sociologia Ruralis, Vol 43, Number 2, pp. 167-184.

King, R. (2000), 'Southern Europe in the Changing Global Map of Migration', in King, R., Lazaridis, G. and Tsardanidis, Ch. (eds) Eldorado or Fortress? Migration in Southern Europe. Basingstoke: Macmillan Press, 1-26.

Lianos, Th. and Papakonstantinou, P. (2003) Modern Migration Toward Greece: Economic Investigation. Athens: KEPE, Studies, No 51 (in Greek).

National Statistical Service of Greece (NSSG) (2003), Population Census 2001. Available online.

OECD (2003), Trends in International Migration: Annual Report, SOPEMI.

Ombudsman's Office (2001), Special Report on the Problems of the Application of the Aliens Law 2910/2001, Athens, National Publishing Agency (in Greek).

Sarris A. and Zografakis S. (1999), 'A Computable General Equilibrium Assessment of the Impact of Illegal Immigration on the Greek Economy', Journal of Population Economics, 12: 155-182.


A Short History of Human Rights

The belief that everyone, by virtue of her or his humanity, is entitled to certain human rights is fairly new. Its roots, however, lie in earlier tradition and documents of many cultures it took the catalyst of World War II to propel human rights onto the global stage and into the global conscience.

Throughout much of history, people acquired rights and responsibilities through their membership in a group – a family, indigenous nation, religion, class, community, or state. Most societies have had traditions similar to the "golden rule" of "Do unto others as you would have them do unto you." The Hindu Vedas, the Babylonian Code of Hammurabi, the Bible, the Quran (Koran), and the Analects of Confucius are five of the oldest written sources which address questions of people’s duties, rights, and responsibilities. In addition, the Inca and Aztec codes of conduct and justice and an Iroquois Constitution were Native American sources that existed well before the 18th century. In fact, all societies, whether in oral or written tradition, have had systems of propriety and justice as well as ways of tending to the health and welfare of their members.

Precursors of 20th Century Human Rights Documents

Documents asserting individual rights, such the Magna Carta (1215), the English Bill of Rights (1689), the French Declaration on the Rights of Man and Citizen (1789), and the US Constitution and Bill of Rights (1791) are the written precursors to many of today’s human rights documents. Yet many of these documents, when originally translated into policy, excluded women, people of color, and members of certain social, religious, economic, and political groups. Nevertheless, oppressed people throughout the world have drawn on the principles these documents express to support revolutions that assert the right to self-determination.

Contemporary international human rights law and the establishment of the United Nations (UN) have important historical antecedents. Efforts in the 19th century to prohibit the slave trade and to limit the horrors of war are prime examples. In 1919, countries established the International Labor Organization (ILO) to oversee treaties protecting workers with respect to their rights, including their health and safety. Concern over the protection of certain minority groups was raised by the League of Nations at the end of the First World War. However, this organization for international peace and cooperation, created by the victorious European allies, never achieved its goals. The League floundered because the United States refused to join and because the League failed to prevent Japan’s invasion of China and Manchuria (1931) and Italy’s attack on Ethiopia (1935). It finally died with the onset of the Second World War (1939).

The Birth of the United Nations

The idea of human rights emerged stronger after World War II. The extermination by Nazi Germany of over six million Jews, Sinti and Romani (gypsies), homosexuals, and persons with disabilities horrified the world. Trials were held in Nuremberg and Tokyo after World War II, and officials from the defeated countries were punished for committing war crimes, "crimes against peace," and "crimes against humanity."

Governments then committed themselves to establishing the United Nations, with the primary goal of bolstering international peace and preventing conflict. People wanted to ensure that never again would anyone be unjustly denied life, freedom, food, shelter, and nationality. The essence of these emerging human rights principles was captured in President Franklin Delano Roosevelt’s 1941 State of the Union Address when he spoke of a world founded on four essential freedoms: freedom of speech and religion and freedom from want and fear (See Using Human Rights Here & Now). The calls came from across the globe for human rights standards to protect citizens from abuses by their governments, standards against which nations could be held accountable for the treatment of those living within their borders. These voices played a critical role in the San Francisco meeting that drafted the United Nations Charter en 1945.

La Declaracion Universal de Derechos Humanos

Member states of the United Nations pledged to promote respect for the human rights of all. To advance this goal, the UN established a Commission on Human Rights and charged it with the task of drafting a document spelling out the meaning of the fundamental rights and freedoms proclaimed in the Charter. The Commission, guided by Eleanor Roosevelt’s forceful leadership, captured the world’s attention.

On December 10, 1948, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) was adopted by the 56 members of the United Nations. The vote was unanimous, although eight nations chose to abstain.

The UDHR, commonly referred to as the international Magna Carta, extended the revolution in international law ushered in by the United Nations Charter – namely, that how a government treats its own citizens is now a matter of legitimate international concern, and not simply a domestic issue. It claims that all rights are interdependent y indivisible. Its Preamble eloquently asserts that:

The influence of the UDHR has been substantial. Its principles have been incorporated into the constitutions of most of the more than 185 nations now in the UN. Although a declaración is not a legally binding document, the Universal Declaration has achieved the status of customary international law because people regard it "as a common standard of achievement for all people and all nations."

The Human Rights Covenants

With the goal of establishing mechanisms for enforcing the UDHR, the UN Commission on Human Rights proceeded to draft two treaties: the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and its optional Protocolo and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Together with the Universal Declaration, they are commonly referred to as the International Bill of Human Rights. The ICCPR focuses on such issues as the right to life, freedom of speech, religion, and voting. The ICESCR focuses on such issues as food, education, health, and shelter. Ambos covenants trumpet the extension of rights to all persons and prohibit discrimination.

As of 1997, over 130 nations have ratified these covenants. The United States, however, has ratified only the ICCPR, and even that with many reservations, or formal exceptions, to its full compliance. (See From Concept to Convention: How Human Rights Law Evolves).

Subsequent Human Rights Documents

In addition to the covenants in the International Bill of Human Rights, the United Nations has adopted more than 20 principal treaties further elaborating human rights. These include conventions to prevent and prohibit specific abuses like torture and genocidio and to protect especially vulnerable populations, such as refugees (Convention Relating to the Status of Refugees, 1951), women (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979), and children (Convention on the Rights of the Child, 1989). As of 1997 the United States has ratified only these conventions:

The Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

The Convention on the Political Rights of Women

The Slavery Convention of 1926

In Europe, the Americas, and Africa, regional documents for the protection and promotion of human rights extend the International Bill of Human Rights. For example, African states have created their own Charter of Human and People’s Rights (1981), and Muslim states have created the Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990). The dramatic changes in Eastern Europe, Africa, and Latin America since 1989 have powerfully demonstrated a surge in demand for respect of human rights. Popular movements in China, Korea, and other Asian nations reveal a similar commitment to these principles.

The Role of Nongovernmental Organizations

Globally the champions of human rights have most often been citizens, not government officials. In particular, nongovernmental organizations (NGOs) have played a cardinal role in focusing the international community on human rights issues. For example, NGO activities surrounding the 1995 United Nations Fourth World Conference on Women in Beijing, China, drew unprecedented attention to serious violations of the human rights of women. NGOs such as Amnesty International, the Antislavery Society, the International Commission of Jurists, the International Working Group on Indigenous Affairs, Human Rights Watch, Minnesota Advocates for Human Rights, and Survivors International monitor the actions of governments and pressure them to act according to human rights principles.

Government officials who understand the human rights framework can also effect far reaching change for freedom. Many United States Presidents such as Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt, Lyndon B. Johnson, and Jimmy Carter have taken strong stands for human rights. In other countries leaders like Nelson Mandela and Vaclev Havel have brought about great changes under the banner of human rights.

Human rights is an idea whose time has come. The Universal Declaration of Human Rights is a call to freedom and justice for people throughout the world. Every day governments that violate the rights of their citizens are challenged and called to task. Every day human beings worldwide mobilize and confront injustice and inhumanity. Like drops of water falling on a rock, they wear down the forces of oppression and move the world closer to achieving the principles expressed in the Universal Declaration of Human Rights.

Source: Adapted from David Shiman, Teaching Human Rights, (Denver: Center for Teaching International Relations Publications, U of Denver, 1993): 6-7.


Right to education

Prison inmate and university student Vasilis Dimakis went on hunger and thirst strike in April and May, protesting that his transfer to Grevena prison and then to an isolation cell in the female ward of Korydallos prison prevented him from continuing his university education. Vasilis Dimakis ended his strike at the end of May. Following pressure from civil society, he was returned to his original cell in Korydallos prison, where he was able to continue his studies.


Greek Influence on U.S. Democracy

The United States has a complex government system. One important tenet of this system is democracy, in which the ultimate power rests with the people. In the case of the United States, that power is exercised indirectly, through elected representatives. Although the U.S. has been a strong proponent of democracy, it did not invent democracy. The Greeks are often credited with pioneering a democratic government that went on to influence the structure of the United States. Read this article that describes how elements of ancient Greek democracy heavily influenced the figures that designed the United States government.

Social Studies, Civics, U.S. History

Aquí se enumeran los logotipos de los programas o socios de NG Education que han proporcionado o contribuido con el contenido de esta página. Leveled by

After declaring independence from England in 1776, the founders of the United States possessed a unique opportunity to create a government of their choosing. This was a momentous task, and for guidance they looked to what they deemed the best philosophies and examples of government throughout world history. Along with the Roman model, the democratic model of ancient Greece&rsquos system of self-government greatly influenced how the founding fathers set out to construct the new United States government.

Prior to independence, the east coast of what is today the United States was divided into 13 separate colonies. The founders of the United States decided to keep the country divided into states rather than dissolving the colonial boundaries. They did this so that each region could be governed at a local level, with a national government acting as a dominant authority over all. These 13 colonies would become the first states of the newly established country.

A U.S. state resembles the community structure of an ancient Greek polis, or city-state. A polis was composed of an urban center and the land surrounding it, developments similar to that of the major cities and state capitals in the United States and the rural areas surrounding them. In ancient Greece, some of the main city-states were Athens, Sparta, Corinth, Thebes, and Syracuse. These city-states acted independently for the most part. However, sometimes they engaged in war against each other. They also banded together to defend Greece from foreign invaders.

All Greek city-states had sets of rules by which the people lived in observance and laws they were required to obey. In ancient Greece the idea of rule of law came from the philosopher Aristotle&rsquos belief in natural law. He claimed the existence of a higher justice in nature&mdashcertain essential rights&mdashthat superseded the laws written by humans. Aristotle believed that people should align themselves with this natural law and govern by its ethics.

In the United States today, the rule of law is a principle that ensures that all laws are publicly accessible, equally enforced, and independently judged, and that they adhere to international human rights ethics. The rule of law is important because it allows all individuals and institutions (including the government itself) to be held accountable for their actions. By agreeing to follow the rule of law, the United States can prevent abuses of power by leaders who might act as if they are above the law.

Another important ancient Greek concept that influenced the formation of the United States government was the written constitution. Aristotle, or possibly one of his students, compiled and recorded La constitución de los atenienses and the laws of many other Greek city-states. Having a written constitution creates a common standard as to how people should behave and what rules they must follow. It also establishes clear processes by which people who break the law are judged and those who are harmed as a result can be compensated or given justice.

Igual que The Constitution of the Athenians, the U.S. Constitution is a vital document. It lays out the government&rsquos structure and how the checks and balances of power within it relate to one another. The U.S. Constitution acts as the supreme law of the country and establishes individual citizens&rsquo rights, such as the right to free speech or the right to a trial by a jury of one&rsquos peers. Today, the U.S. Constitution is still regularly referenced in law as the supreme law of the land and is enforced by the U.S. Supreme Court, the country&rsquos highest court.

The original U.S. voting system had some similarities with that of Athens. In Athens, every citizen could speak his mind and vote at a large assembly that met to create laws. Citizens were elected to special councils to serve as organizers, decision-makers, and judges. However, the only people considered citizens in Athens were males over the age of 18. Women, slaves, and conquered peoples could not vote in the assembly or be chosen to serve on councils.

The founders of the United States similarly believed that only certain people should be allowed to vote and elect officials. They chose to structure the United States as a representative democracy. This means that citizens elect officials, such as senators and representatives, who vote on behalf of the citizens they represent in Congress. It also means that instead of each individual citizen voting for president directly, a body called the Electoral College officially casts the votes of each state for president. As in Athens, when the United States was founded only white, landowning men were allowed to vote. Over time, however, all U.S. citizens over the age of 18 who have not been convicted of a felony have gained the right to vote.

The principles behind the ancient Greeks&rsquo democratic system of government are still in use today. The United States and many other countries throughout the modern world have adopted democratic governments to give a voice to their people. Democracy provides citizens the opportunity to elect officials to represent them. It also allows citizens to choose to elect a different person to represent them if they are dissatisfied with their current elected officials. Today, democracy and the rule of law provide people around the world with a means of protecting their human rights and holding each other accountable as equals under the law.


Greece accused of human rights violations

AMNESTY International has accused Greece of flouting European humanitarian law by employing police brutality and torture in its treatment of detainees, particularly asylum-seekers and minorities.

In a report released on Tuesday, the campaign group referred to 66 cases of alleged human rights violations in the member state, which takes on the EU presidency in January 2003.

It is now calling on the EU to act decisively to combat abuses within its borders.

“Amnesty International believes that serious infractions of fundamental rights in one EU member state are not just the responsibility of that country, but should also be the proper concern of the EU as a whole,” Dick Oosting, director of Amnesty’s EU office in Brussels, said in a statement.

The group is urging the current EU president, Denmark, to put in place a system of “real accountability” to tackle human rights abuses before it hands over the reins to Greece at the end of the year.

The report echoes the findings of a similar study published in June by a coalition of European and Mediterranean human rights groups.

Meanwhile, Amnesty has also called on the EU to expose China to harsher criticism of its human rights record.

It feels that the concern expressed by leading EU figures at their meeting with Chinese premier Zhu Rongji in Copenhagen this week are unlikely to persuade his regime to stop its use of strong-arm tactics to quell democratic dissent.

Amnesty claims the Union’s ‘dialogue’ with Beijing is “effectively a monologue, a self-serving exercise in which the EU is being taken for a ride”.

“Voicing concern at summits is just not good enough when your partner refuses to listen,” said Oosting.

“It is time for the EU to strike a different balance, complementing its ‘constructive engagement’ with real pressure, through public scrutiny of China’s human rights record at the United Nations.”

The report argues that the international clamp-down on terrorism which followed last year’s 11 September atrocities has been used as a pretext to oppress the mainly Muslim Uighur community in the province of Zinjiang.

And it berates Beijing for having “by far the highest rate of executions in the world”, the heavy-handed nature of its ‘Strike Hard’ anti-crime campaign, the alleged arbitrary detention of Falun Gong meditation practitioners and the reportedly systematic abuse of North Korean asylum seekers.


Ver el vídeo: Human Rights Through History- Ancient Greece, The Crusades, World War 2